La diputada moratallera del Grupo Parlamentario Socialista, Choni Ludeña ha reclamado hoy en la Comisión de Educación y Cultura la derogación del Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las características generales de las pruebas de la evaluación final de Educación Primaria establecida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Ludeña también ha reclamado la paralización de cualquier actuación o medida en este sentido, y la apertura de un verdadero proceso de diálogo y consenso democrático con las organizaciones políticas y los agentes educativos para restaurar las condiciones que conduzcan a la verdadera mejora de la educación en la Región de Murcia.
La diputada explicó que este Real Decreto impone, inadecuadamente, lo que la comunidad educativa ha venido denominando la «reválida» para el final de la etapa de Educación Primaria. En esta reválida final –que no evaluación–, las calificaciones obtenidas por el alumnado deberán ser expresadas en términos de insuficiente, suficiente, bien, notable y sobresaliente. Esto, junto con las repuestas dadas a los cuestionarios de contexto elaborados por el Ministerio, permitirá la elaboración de un ranking o clasificación de todos los centros docentes españoles.
El Grupo Parlamentario Socialista se opone a esta nueva norma emanada de la LOMCE, porque el alumnado de Primaria recibirá una calificación final expresada en términos muy reduccionistas, “que pervierte el sentido educativo y la globalidad de la evaluación que debe aplicarse en esta etapa educativa”.
Además su aplicación conllevará el establecimiento de rankings de centros, “que lejos de contribuir a la mejora del sistema educativo, supondrán la discriminación y desprestigio de los centros docentes según su ubicación”, en un sistema clasificatorio realmente descontextualizado, que no beneficiará a la labor educativa.
Choni Ludeña asegura que estas pruebas introducirán elementos de tensión externa al alumnado, a sus familias y al profesorado. En opinión de la diputada socialista esto afectará negativamente al normal desarrollo del calendario escolar, además, ocasionará graves dificultades organizativas, funcionariales y económicas para nuestra Comunidad Autónoma.
Ludeña añadió que la aprobación de este Real Decreto evidencia, tal y como ocurrió con la aprobación de la LOMCE, “la actitud de falta de diálogo, de nula voluntad de acuerdo y de omisión del deber político de consenso con todos los agentes de la comunidad educativa”, y ocasiona un nuevo agravio de déficit democrático en el tratamiento de los temas educativos que afectan a toda la ciudadanía española. Todo ello, añade, considerando que esta norma la ha impuesto, inoportunamente, un Gobierno central en sus momentos previos a entrar en funciones.
Por último apostilló que este Real decreto, además de suponer una contradicción insostenible con los verdaderos principios de la evaluación en Educación Primaria (que debe ser continua, global, formativa y orientadora), introduce unas obligaciones inespecíficas e imposibles de asumir en cuanto a la aplicación de esta «reválida» claramente innecesaria, inoportuna e impuesta, y claramente rechazada por la comunidad educativa.
Fuente: Secretaría de Comunicación PSRM